El Gobierno está preparando un nuevo impuesto sobre gases fluorados que afectará a la fabricación e instalación en España de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. Varias organizaciones se han reunido para oponerse antes de que entre en vigor el próximo julio.
El motivo principal es que consideran que vendría a encarecer en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración y climatización. También, que su aprobación no llegaría con suficiente antelación como para adaptarse a las nuevas exigencias. Así, acabaría afectando a multitud de sectores, en los cuales creen que va a mermar su competitividad.
Regulando los gases fluorados de efecto invernadero
España es uno de los pocos países de la Unión Europea con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados que son utilizados como refrigerantes. El Gobierno pretende, además, extender el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas.
De esta manera, se pretende simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, luchar contra el efecto invernadero y apoyar la sostenibilidad. Desde el Gobierno explican que las emisiones de estos gases fluorados se han incrementado sustancialmente en nuestro país como consecuencia de la sustitución de los gases que agotan la capa de ozono por estos.
Sin embargo, quienes se oponen aluden a que otros países comunitarios o bien se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales. Por tanto, creen que ellos se encuentran en desventaja competitiva.
Entre las voces discordantes se destaca a su vez que esta medida ignora las reflexiones y recomendaciones de los expertos en fiscalidad que han intervenido en el Libro blanco para la reforma fiscal en España, publicado en febrero de 2022. La principal razón es que aluden a que «estos gases son insustituibles desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad de nuestro sector”.
Las organizaciones se unen contra el nuevo impuesto
Una veintena de asociaciones de los sectores afectados se han unido para oponerse, ya que lo consideran «un atropello fiscal injustificado que repercutirá negativamente en la economía». También creen que es «un impuesto que no está alineado con las políticas de la Unión Europea» y que no ayuda en «la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero», porque penaliza la compra/venta en lugar de las emisiones propiamente dichas.
No solo eso, puesto que además afirman que «fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos». Ante esta perspectiva, han unido sus voces. En total, todas juntas aglutinan más de 34.000 empresas y 462.000 empleados directos, y tienen una facturación conjunta de más de 126.000 millones de euros.
Entre las organizaciones firmantes, encontramos a AEFYT, AFAR, AFEC, ALDEFE, AMASCAL, APPLIA, ASEDAS, ATFRIE, CNI, CONAIF, FECE, FEGECA y FELAC. Ellas representan conjuntamente a los fabricantes y distribuidores de aparatos que podrían verse afectados, como los equipos de climatización o la maquinaria para la hostelería.
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