Así lo ha planteado la Fundación Edad&Vida en el Congreso de los Diputados
Con motivo del Debate sobre el futuro del Sistema de Protección Social en España y las posibles reformas en el Sistema de Pensiones, el director general de la Fundación Edad&Vida, Albert Vergés, ha intervenido para exponer la problemática que se plantea de cara al futuro de los españoles y ofrecer unas recomendaciones que beneficiarán al conjunto de población y, más concretamente, a las personas mayores.
El cambio demográfico y envejecimiento de la población va a suponer que dentro de 40 años España cuente con 16 millones de personas mayores frente a los 7,5 millones actuales. En este sentido, Vergés ha puesto de manifiesto algunas cifras que deberían ser tomadas en cuenta en el planteamiento y la urgencia de posibles reformas del Sistema de Pensiones ya que en 2049 sólo habrá 1,7 personas cotizando por cada persona mayor.
Según la Fundación Edad&Vida, las reformas en el Sistema de Pensiones español podrían articularse a través de un sistema mixto de reparto y capitalización o ahorro, con la colaboración del sector público y los operadores privados. En este sentido es necesario un cambio de paradigma y ver que ambos sistemas, el reparto y la capitalización, pueden y deben coexistir con el objetivo de garantizar la sostenibilidad futura de uno de los principales pilares del Estado de Bienestar: el Sistema de Pensiones.
Sin embargo, el concepto de ahorro no ha calado lo suficiente en los españoles. Actualmente en España, de cada 100 euros que se destinan al ahorro financiero, el ahorro a largo plazo supone sólo 13 euros, en contraposición con otros países europeos cuyo ahorro a largo plazo es de 38 euros en el caso de Francia y 59 euros en el caso de Holanda.
En este contexto, desde la Fundación Edad&Vida, se considera fundamental impulsar un cambio en la cultura del ahorro y la previsión de la sociedad española, apelando a la responsabilidad individual. De esta manera, se debe concienciar a la sociedad de la necesidad de complementar las pensiones públicas con el ahorro privado.
Para ello, es imprescindible que exista un marco claro, estable y que se fomente la incentivación fiscal de los productos de previsión y ahorro a largo plazo, de forma que la iniciativa privada pueda desarrollar estos productos en las mejores condiciones posibles para el ciudadano.
En definitiva, se propone una reforma seria y profunda en la que es necesaria la implicación y el compromiso de todos los agentes implicados: Gobierno, partidos políticos, agentes sociales, entidades privadas y sociedad civil para conseguir asentar las bases del futuro.
