El estudio lo encargó el Congreso de los Diputados a un grupo de expertos
Este estudio, realizado por cinco expertos, ha señalado que las valoraciones de los dependientes no suelen tener en cuenta las circunstancias personales, familiares o de su entorno, y se centran sólo en la enfermedad,lo que puede llevar a asignar ayudas insuficientes o a negar algunas. Una de las soluciones planteadas por Sanidad para evitarlo es crear un nuevo sistema de valoración a través de un equipo miltidisciplinar que realice valoraciones más específicas. Estos grupos podrían estar formados por terapeutas, trabajadores sociales y personal sanitario, y estarían encargados de redactar un informe de salud descriptivo.
El informe realiza otras recomendaciones para salvar la financiación de la Ley de Dependencia. Así, habla de introducir seguros privados que proporcionen los servicios previstos, reformar la Seguridad Social y eliminar las recetas gratuitas para pensionistas. Medidas que Moza rechazó, explicando que "no toca, a nadie le gustaría hacer esos sacrificios".
Sin embargo, Moza anunció que sí tendrán en cuenta otras dos soluciones propuestas por los expertos: una mayor cesión de los impuestos recaudados e incluir partidas definidas en los sistemas de financiación autonómicos, aunque serán las propias autonomías las que decidan cuál será el destino de las mismas.
Según este informe, el gasto en dependencia aumentará del 0,6 por 100 actual, al 1,5 por 100 en 2015.
Este informe despertó las críticas en los partidos de la oposición. La diputada del PP, Lourdes Méndez, insistió en que el 70 por 100 del coste de esta ley lo están asumiendo las comunidades autónomas. A lo que la socialista Marisol Pérez respondió que de los 4.000 millones de ayudas dadas, el Gobierno central ha aportado 2.000. Además, Francisco Moza aclaró que se está intentando esclarecer cuál es el porcentaje exacto aportado por las comunidades.
Otras medidas que se realizan para mejorar la ley, es la homogenización del baremo que mide la dependencia de las personas, por parte del Gobierno y las comunidades; así como disminuir los plazos de concesió cuando necesitan desplazarse a otra comunidad.
