Cuatro asociaciones de editores de prensa y publicaciones periódicas que representan a unos 260 grupos editoriales diferentes que editan unas 1.500 cabeceras han presentado al Gobierno una propuesta de Plan de Choque de Ayudas para afrontar y frenar el descalabro económico y social que la crisis del coronavirus está provocando en el sector.
Las cuatro asociaciones -Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Revistas de Información (ARI), de Asociación de Prensa Profesional y Contenidos Multimedia (Coneqtia) y Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE)- han enviado este lunes un documento conjunto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el que plasman el Plan de Choque en 25 propuestas.
De ellas, 9 deberían tomarse de inmediato, según los editores. Entre estas están la suspensión de cotizaciones a la Seguridad Social mientras se mantengan las medidas del estado de alarma, facilitar la presentación de ERTEs, abonar de modo urgente los pagos que deban las administraciones públicas a los editores, implantar el IVA superreducido a las publicaciones digitales, abrir una línea de financiación bonificada al sector a través de ICO o de Cesce y lanzar un plan especial de publicidad y comunicación institucional por la pandemia que llegue a todos los editores, incluidos los pequeños y medianos editores.
Entre las 16 medidas menos urgentes, los editores piden un Plan Nacional de Fomento de la Lectura de Prensa Impresa y Digital, la integración del envío de publicaciones periódicas impresas en el Servicio Postal Universal, planes de formación para los profesionales del sector y la creación de un Instituto para la Innovación Periodística.
En el documento enviado al Gobierno, las asociaciones que lo han elaborado cifran en hasta 250 millones de euros la caída de ingresos de sus asociados para el conjunto de este año y argumentan que, si no se aprueban y aplican de inmediato medidas urgentes, una parte relevante del tejido empresarial y del empleo puede desaparecer.
En el documento se reivindica el crucial papel que están desempeñando los medios para el conjunto de la sociedad durante la pandemia. «La prensa y las publicaciones periódicas no son un sector económico más -afirman los editores en las propuestas que han enviado al Gobierno-. Son un elemento clave en el buen funcionamiento de la sociedad democrática. Son los garantes del derecho constitucional de todos los ciudadanos a la información y a la libertad de expresión. Sin unos medios de comunicación social diversos y plurales, el conjunto de la sociedad española sería más pobre».